Ampliar el reconocimiento del valor de los bosques para la sociedad

Podemos decir, sin ninguna duda que absolutamente todos los seres humanos nos beneficiamos, directa o indirectamente de los bienes y servicios ambientales generados por los bosques (madera, papel, biodiversidad, agua y regulación climática, entre muchos otros). Por ejemplo, los productos forestales contribuyen significativamente a proporcionar vivienda a no menos de 1 300 millones de personas, el 18 % de la población mundial.

Sin embargo, y de acuerdo con la FAO, el número de los beneficiarios de los ingresos y el empleo generados por los bosques es relativamente bajo. El sector forestal formal emplea a unos 13,2 millones de personas en el mundo, y al menos otros 41 millones trabajan en el sector informal, que no suele registrarse en las estadísticas nacionales.

Se estima además que unos 840 millones de personas, es decir, el 12 % de la población mundial, recogen combustible de madera y carbón vegetal para su uso directo. En el caso de América Latina y el Caribe, representa el 13% del suministro total de energía primaria consumida. La dendroenergía es a menudo la única fuente energética disponible en las zonas rurales de los países menos desarrollados, y reviste especial importancia para la preparación de alimentos y potabilizar el agua.

Se calcula que unos 2 400 millones de personas, alrededor del 40 % de la población de los países menos desarrollados, utilizan combustible de madera para cocinar.

Por estas razones, es muy importante que las políticas nacionales y globales sobre la situación de los bosques del mundo, amplíen su enfoque para reconocer su importancia no solamente en términos de la provisión de madera, que es usualmente el único registro en las cuentas nacionales. Se debería abordar de manera explícita el papel de los bosques en el suministro de vivienda, energía, alimento y, lo que es más importante, en la regulación climática y la provisión de agua fresca.

Promover la gestión forestal sostenible y la creación y captura de valor de mercado para los servicios de los ecosistemas forestales

Desde 1991 Colombia eleva el medio ambiente y el desarrollo sostenible a rango constitucional y se obliga al Estado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente generó una importante transformación del marco institucional y normativo, así como una serie de instrumentos económicos, administrativos, de planificación y de control.

Con la promulgación de la Ley 99 de 1993 que creó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), se establecieron los principios que orientarían el manejo de los asuntos ambientales del país y se redefinió la estructura institucional para el logro de los objetivos de la política. No obstante, el importante desarrollo institucional del sector ambiental introducido por la Ley, como su posicionamiento en el marco de la estructura del Estado y la capacidad técnica de la institucionalidad pública, no consiguen responder de manera adecuada y suficiente a los complejos desafíos de la gestión ambiental a nivel territorial.

Más del 90% de los municipios con prioridad para la construcción de paz, en donde históricamente las economías asociadas a las actividades ilegales han predominado (incluyendo cultivos ilícitos, altas tasas de deforestación y ampliación de la frontera agropecuaria) y donde la pobreza prevalece, tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos con hasta el 100% de su territorio cubierto bajo estas figuras.

Sin embargo, estas cifras se vieron ensombrecidas por el preocupante y acelerado aumento de las tasas de deforestación en los últimos años: 124.035 hectáreas en 2015, 178.597 hectáreas en 2016, 219.973 hectáreas en 2017, 197.159 hectáreas en 2018 y 158.894 hectáreas en 2019 (IDEAM 2020).

Por estas razones, los esfuerzos de Action for Forest y otras organizaciones de la sociedad civil, se dirigen a apoyar procesos de planificación y ordenamiento territorial, a través de la promoción de modelos de gestión sostenible de los bosques, la transformación de los sistemas productivos insostenibles que  imperan en las regiones forestales de Colombia y el impulso a formas de remuneración de los servicios ambientales de los bosques a través de mecanismos de Pago por Servicios Ambientales, entre otros.

Apoyar proyectos locales que desarrollen iniciativas innovadoras para su conservación

La deforestación, la degradación y la transformación de los paisajes forestales para su incorporación a la producción agropecuaria, el desarrollo de infraestructura vial o como resultado de actividades ilegales, son los factores más importantes de emisión de gases de efecto invernadero y pérdida de la biodiversidad en los territorios forestales.

El manejo forestal comunitario MFC es reconocido como una de las opciones más promisorias para la conservación de los bosques, conciliando la preservación de la naturaleza y el desarrollo económico a través de la participación de las comunidades rurales, campesinas e indígenas, en el manejo de las áreas forestales, con el objetivo reducir la deforestación y degradación de los bosques para asegurar a la sociedad en general, los servicios eco-sistémicos que estos proporcionan y de esta forma contribuir a la reducción de la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población.

Del mismo modo, el ordenamiento forestal comunitario será esencial para la implementación exitosa de los Programas para la Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD +), ya que gracias a la participación local se mejoran la gobernanza forestal y se constituyen en garantía para la gestión sostenible de los recursos forestales.

Las estrategias de manejo forestal de base comunitaria tienen que ser desarrolladas en combinación con monitoreo forestal también basado en la comunidad (CBFM). Tradicionalmente, el monitoreo forestal se realiza a través de la utilización de imágenes de satélite o sensores aerotransportados que resultan excesivamente costosas y de difícil acceso para investigadores, comunidades locales e incluso para las instituciones públicas responsables de la gestión forestal de países en desarrollo.

Por esta razón, resulta cada vez más importante el uso de nuevas tecnologías tales como los UAS (Unmanned Aerial Systems), conocidos popularmente como drones, que permiten obtener imágenes de alta resolución para el relevamiento y monitoreo de la cobertura forestal, permitiendo mapear, en tiempo real, la ocupación y cambios en el uso del suelo, la detección de actividades forestales ilegales, supervisar la ejecución de los Planes de Manejo y Planes de Acción de las áreas asignadas por el Estado para procesos de forestería comunitaria, entre otros múltiples usos.

Los datos sobre el estado del bosque, recogidos por miembros capacitados de la comunidad, han demostrado ser tan exactos como los reunidos por científicos profesionales, pero a un costo mucho menor, y pueden proporcionar una mayor replicabilidad por el grado de apropiación de los procesos, especialmente entre los jóvenes, el valor cultural de imágenes de lata resolución y las metodologías empleadas. 

Mejorar los medios de subsistencia de las comunidades locales que viven en y alrededor de los bosques.

Esta estrategia supone el desarrollo de modelos de negocios comunitarios, ambientalmente sostenibles, económica y socialmente aceptables, (ecoturismo, restauración, productos no maderables y comercio de alimentos y subproductos del bosque), que se constituyen en una importante contribución de las comunidades locales para la conservación de los bosques.

También significa trabajar en la planificación y zonificación a nivel predial, para el mejoramiento o implementación de sistemas productivos sostenibles (restauración y establecimiento de corredores de protección o conectividad, arreglos productivos agroforestales, sistemas silvopastoriles, sobre la base de acuerdos de conservación.